El impuesto a Casal

Según la Dirección General Impositiva (DGI), Francisco Casal le debe U$S 25:000.000 por concepto de un impuesto cuya legalidad el contribuyente ha cuestionado, llevando el caso a la Justicia.

Soy de la idea de que todos los países del mundo deberían tener cargas impositivas del nivel de las de Suecia. De ese modo podríamos eliminar las marginalidades creadas por el sistema y tendríamos un mundo sin perseguidos. Podríamos incluso, con esos recursos, empezar a pensar en cómo lograr que el planeta sobreviva los miles de años que naturalmente podría sobrevivir y no solo el par cientos a que lo estamos condenando. El problema es que tendrían que ser parejas para todos y sin desigualdades comerciales, porque si no, las políticas impositivas inciden decisivamente en la competencia del comercio internacional que siempre fue desigual y éste es el tema de fondo. También Suecia ha tenido que planteárselo y nuestro ministro Danilo Astori (en mi opinión acertadamente) estima que hay que agotar los medios políticos para mantener el IRPF a las jubilaciones antes que sustituirlo por nuevas cargas a la producción. Pero en cualquier caso, se trata de todos los pasivos comprendidos entre determinadas franjas de ingresos y de todos los productores de tal o cual actividad.

El tema de frente es que en Uruguay una disparidad impositiva llegó al colmo inconstitucional de negar la igualdad ante la ley. Aquí se ha inventado un impuesto con nombre y apellido, cobrado al grito.

Los empresarios deportivos pagaban (los que pagaban –Casal lo pagó siempre–), el impuesto a las comisiones y desde el año pasado pagan (y Casal está al día) el impuesto a la renta de la actividades económicas (IRAE). Pero ahora por el impuesto a la renta de Industria y Comercio (IRIC), ¿?, un impuesto que nunca se le cobró a ningún empresario deportivo (y son 49 los registrados en la AUF), a Francisco Casal lo embargaron cargándole multas y recargos desde el 2001 hasta el 2007.

Al Director de la DGI le están llegando ahora los reclamos de quienes operan más de un 30% del mercado de las transferencias de futbolistas. ¡Quieren pagar pronto ese impuesto que jamás pagaron y nunca nadie los embargó por no haber pago, aunque unos cuantos de ellos trabajaron en el país (argumento que da la DGI para embargar a Casal), desde bastante antes que Casal (quien opera mayormente en el exterior) y algunos son competencia directa de Casal afuera, también desde antes. Pero esto ya es molestia. El objetivo fue cumplido.

Lógicamente, enterados del impuesto, los competidores favorecidos se ofrecen a pagar porque la expectativa de hacerse con el casi 70% restante del mercado (el que muy probablemente dejará libre Casal retirándose del oficio) es una gran inversión, que ambiciona una expansión de más de un 200%.

El corolario político de esta acción impositiva se verá con el pasar de los años, cuando se pueda apreciar si el monto recaudado por el IRAE resulta tan siquiera aproximado al actual. Porque en el ámbito ecuménico en que operaba Casal, habrá negocio en los primeros momentos de expansión para otros, pero a la larga los competidores de Casal no son uruguayos. Ténganse en cuenta que por este impuesto a las transferencias en agosto de 2007, la DGI recaudó U$S 3:000.000 (tres millones de dólares) en un 80% aportados por Francisco Casal.

Otro resultado se comprobará en la actividad local. Los treinta clubes profesionales uruguayos (con todas sus dificultades) no se han convertido todavía en cuatro o cinco sociedades anónimas filiales de clubes chicos extranjeros porque existió Paco Casal y entre otros, hasta esto, Tabaré Vázquez. Pero ocurrirá. Y sin embargo (o, mejor dicho, con embargo) es muy comprensible que el animoso burócrata que dirige la DGI haya tomado esa decisión política creyendo sinceramente defender a los clubes, como se mostró ante la prensa.

Le comieron la oreja los mismos medios de desinformación que le dieron la victoria electoral a Damiani a cambio de su derrota judicial (la contra imagen de Casal). Pero este canje de imagen por dinero es distinto. Este es con plata del Estado.

En cambio es bastante difícil de entender la actitud de Casal. Puede que termine gastando en este juicio más dinero que el que la DGI le reclama. Pero no todo es únicamente cuestión de plata. Tampoco el poder. Menos la justicia.