viernes, 1 de noviembre de 2013

Ley de fines, ley de medios

“Hacia el porvenir partieron sombras
cuando no alcance sólo podré alertar
si alguien me oye allí
no se olvide pues
de iluminar”
Silvio Rodríguez
















La experiencia histórica universal ha demostrado que los sistemas de medios de comunicación competitivos son sustancialmente más eficaces que los monopólicos u oligopólicos, tanto en niveles de calidad (con disparidades por cierto) como en efectiva comunicación. En Uruguay, desde el reparto de la televisión abierta comercial (canales 4, 10 y 12), a fines de la década del cincuenta, entre los dueños de las principales radios, se creó un sistema de multimedios –estrechamente enlazado con el entramado político–, de carácter oligopólico. Empresas directa o indirectamente dependientes de tres familias –muy conectadas entre sí por opciones políticas correspondientes a un mapa electoral y a una homogeneidad ideológica ya hace tiempo perimida en Uruguay– controlaron por muchos años la comunicación masiva en el país.

El oligopolio extendió sus multimedios con la adjudicación de la televisión por cable, en 1994. No obstante, en esa fecha, un solo canal de abonados, sin cable, por fuera de ese sistema, bastó para que se iniciara una desigual pero escandalosa competencia por la comunicación masiva. Con distinto origen, decantaron dos señales nacionales comerciales (VTV y TV Libre) que en condiciones de competencia casi insostenibles (porque el cable solo no pudo ni podrá competir con los paquetes publicitarios de quienes tienen televisión abierta –por amplio margen la de mayor penetración–, más cable, más periódicos impresos, más radios y a eso se suman ciertas cargas impositivas mayores para la adquisición de equipos y tecnología desfavorables a los cables) se desarrollaron y mantuvieron, al igual que señales públicas que tampoco pudieron hacer mella comercial a la TV abierta privada (en el caso de TV Ciudad –pública, a cargo de la Intendencia de Montevideo– porque así estaba estipulado incluso en el acuerdo trasnochado que le dio origen: no podía competir en el tramo de los informativos ni disputar la torta publicitaria; mientras la intendencia permitía que los tres canales abiertos cablearan como empresa única. Todo a cambio, según denunció en su momento La República, de que éstos le cobraran al Frente Amplio las mismas tarifas que a los partidos tradicionales en las pautas de publicidad electoral -faltaba pocos meses para las legislativas y presidenciales del 94-).

Ahora la digitalización forzosa de las señales fue una excelente oportunidad para transformar ese sistema de medios en uno competitivo. No solo desarrollando todo lo posible los medios alternativos a los masivos, sino tendiendo a la competencia entre los medios masivos, con dos adjudicaciones nuevas a señales comerciales (VTV y Giro) y una a un medio social (del PIT-CNT).

El Presidente Mujica, aún poniendo toda la carne en el asador porque personalmente ya no tiene nada que perder, aceptó condiciones de los tres canales ya funcionando al aire (después de todo sólo falta un año para las próximas elecciones), y les adjudicó señales digitales, sin hacerlos concursar ni mostrar nada. Eso le dejó un margen estrecho para variar la correlación de medios, considerando que sólo adjudicó dos señales comerciales nuevas, pero el mero anuncio de estos cambios ya ha surtido efectos que deben consolidarse a la vez que, de una vez por todas, avanzar nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, con las reivindicaciones de la Sociedad Uruguaya de Actores.

LA NECESARIA IDENTIDAD

Defender una identidad nacional que hace décadas tambalea frente a la televisión argentina es la libra de Shylock de nuestra cultura. Soy de la opinión de que el dilema de la producción nacional cultural no está en ningún antagonismo con la cultura universal, sino concretamente en la muy fuerte y comercialmente rendidora por barata, penetración de los enlatados ante el escaso mercado que disputan los creadores nacionales (cuyos derechos fueron desconocidos olímpicamente en el pasado y aún hoy siguen siendo cuestionados –incluso un legislador oficialista, Alberto Cid, de Asamblea Uruguay, se preguntó hace un tiempo en el diario opositor El País, si los uruguayos seríamos capaces de cubrir un cincuenta por ciento de producción nacional). Esa defensa exige la promoción de una competencia regulada por medidas que protejan precisamente que se trate de verdadera competencia, exigiendo que los medios masivos generen mayor producción nacional de mejor calidad y con más empleo para los uruguayos. En estos casi nueve años de gobierno del Frente Amplio, el Poder Ejecutivo ha preferido manejar los tiempos y la política de medios muy moderadamente, para no confrontar con el oligopolio. El sector estatal no fue un efectivo dinamizador de la competencia, participando débilmente de ella, salvo excepciones, no confrontando nunca. los organismos de regulación pudieron haber adjudicado nuevas señales de televisión abierta (siempre fue técnicamente posible) y no lo hicieron. No es extraño. Alguna vez el pueblo uruguayo se pronunció contra todo el espectro político y mediático entero (plebiscito del 94), pero porque los canales no tenían a quién pasarle la factura. Nadie se expone a la incineración mediática si debe volver a presentarse a elecciones –lo hizo Paco Casal cuando le ganó al oligopolio los derechos de televisación del fútbol (1994 y 1998), pero el destrozo de su imagen no pasaba por las urnas-. Una vez un amigo blanco se preguntó por qué un gobierno blanco (el primero del Partido Nacional en el siglo XX) otorgó dos canales colorados (4 y 10) y sólo uno blanco (12). Muy sencillo: otorgó lo que exigían los medios dominantes de la época, los dueños de las tres principales radios. El FA también actuó al respecto con realismo y sensatez, exagerados, por ejemplo cuando dio la concesión estatal para que 4,10 y 12 realizasen pruebas en el modo digital, a cargo del Estado.

En ese contexto, entiendo que se debería exigir que los nuevos canales (incluyendo todos los que accedan al modo digital) se comprometan a respetar el derecho de los productores, tal como marca la ley de servicios de comunicación audiovisual que el viejo oligopolio todavía resiste y trata de boicotear.

LA CUESTIÓN POLÍTICA

El gran impedimento para emprender estas líneas programáticas en materia cultural de medios masivos, ha sido siempre el poder de éstos para incidir en los perfiles políticos y sus campañas electorales. Es probablemente muy sensato que este gobierno no haya tomado medidas que perjudiquen el statu quo en la materia (tampoco se hizo nada directamente a favor, salvo el permiso para las pruebas arriba mencionadas; en rigor no se hizo mucho más que la adjudicación de unas pocas radios, hasta que Mujica, en resolución que se sabía levantaría polvareda, prefirió soslayar el pedido de un sector del FA, el Frente Líber Seregni, que le daba todavía más tiempo a los tres canales, donde, de algún modo, había preferido y, en cierta forma, aprendido a manejarse algún operador del FA, desde que se desechó la oportunidad, a mediados de los ‘80, de pelear por un canal para Cinemateca).

En perspectiva, tal omisión significaba para la izquierda morir por cerrar los ojos (o si se prefiere, las pantallas). Con esa relación con los medios el FA se mimetiza cada vez más en la ideología original de su oposición. El Sordo González siguió dándolo ganador en las encuestas (no me fío mucho de encuestas en tiempos de negociación con canales y a partir de que Mujica se atrevió a tocar al oligopolio nos van a jueguear incluso con las encuestas), pero los medios marcan el camino, las palabras, y hasta el idioma de las canciones. Hace poco leí a Esteban Valenti argumentar con el riesgo país. Para gobernar con los criterios de las calificadoras estadounidenses es más coherente que gobiernen directamente Clarín, El País, El Observador, El Mercurio… Eso la gente lo comprende y se despolitiza.

Por mi parte, considero que en ningún otro orden de la vida ciudadana, ni siquiera en el militar, está tan en juego el poder como en el de los medios de comunicación. Ya se ha comprobado que la televisión por cable sola no compite ni remotamente con la televisión abierta acompañada de todos los otros medios existentes. Enfocando desde una matriz progresista, a la larga hubiese sido suicida no aprovechar la digitalización. Pudo ser mucho mejor, como todo, pero yo no creo que haya sido en vano.

COMTEMPORIZACIÓN O DESAFÍO

Las subjetividades son productos de procesos más profundos que las gracias que en determinado momento pueda repartir el sol que más calienta. Los tres primeros años de gobierno del FA era plausible creer que los medios masivos se adecuaban al nuevo mando. Pero empezó la campaña para el segundo y Tabaré Vázquez tuvo que caracterizar a los canales de opositores (caracterización que luego se extendió a todos los sistemas plutocráticos de medios que, en América Latina, sustituyeron a los partidos de derechas en su enfrentamiento con los gobiernos progresistas; en esa caracterización fuimos pioneros).

En no pocos casos resulta ser el Frente el que se adecua a la agenda temática que marcan los medios hegemónicos (más allá de algunos problemas en parte inherentes a la coalición). Vázquez apareció una sola vez durante la campaña final de Mujica para la Presidencia, en 2009, y fue con un fuerte discurso sobre lo “repugnante” del manejo político que estaban haciendo los informativos de los canales.

Estas adjudicaciones actuales no aseguran la ruptura de una hegemonía que ya es más que semisecular (aunque distorsionada de la realidad del país), pero posibilitan algún intento de hacer televisión contrahegemónica de calidad o alguno de confrontación. El sólo anuncio de esta novedad ya cambia el clima. La ley de servicios de comunicación audiovisual también.

DERECHOS, REVESES Y CENSURAS

El oligopolio tuvo siempre bien claro cual era la amenaza que sobre él se cernía. Más allá de lo conveniente de los canales comunitarios (medios alternativos que es necesario desarrollar), el oligopolio sabe que éstos no podrán competir a nivel masivo, visto que no puede el canal del Estado con el tope de presupuesto que se le destina. El oligopolio sabe que es por el lado de la propiedad y los derechos de los contenidos nacionales de carácter popular que se le plantea la posibilidad de una verdadera competencia entre medios de razón jurídica, establecimiento y arraigo verdaderamente nacionales. Los derechos de los productores de contenidos de atracción popular, futbolistas, basquetbolistas, actores, músicos, seguirán estando en disputa con quienes, por demagogia, los niegan de plano en nombre de una falsa gratuidad, emparentada a la demagogia política por inconsciente asociación de que, como la enseñanza está a cargo del Estado, los espectáculos deben ser gratis sin cargo estatal (gratis únicamente para no pagar a quienes los producen; que los adjudicatarios de los medios sí cobran), con quienes por fuerza monopólica pretenden pagar por los derechos miserias sin negociar y se apoyan en el antecedente de que por años no pagaron nada, ni siquiera al fútbol, aun sacándolo en todas las pantallas y siguen negándose a pagar el carnaval aduciendo, como antes del fútbol, que no es negocio, que con difundirlo (cosa que con el carnaval ni siquiera hacían) ya le estaban pagando y encima que eran acreedores del fútbol. Cuando haya competencia se verá que los otros productos también son negocio, como lo son el fútbol y el básquetbol y es justo que quienes los realizan cobren derechos o mejor dicho: cuando haya competencia será negocio y los productores directos tendrán un mejor escenario para luchar contra la explotación.

Por ahora al menos los canales del oligopolio no han podido hacerle el lock out al carnaval como le hicieron al fútbol en 1994, como le han hecho al resto de la cultura siempre. Los mejores actores de este país no salieron apenas en televisión. Yo diría que los cien mejores actores uruguayos de los últimos sesenta años no fueron debidamente mostrados por la televisión. El público más masivo no les conoció las caras (bajo sospecha de subversión o de comunismo), salvo excepciones.

También debería reglamentarse la salida por abierto de al menos los partidos más importantes de nuestros representativos nacionales, una actuación de conjunto de carnaval por vez y de otras expresiones culturales, teatro, danza, música… (pagando los derechos correspondientes, si es necesario a cargo y lucro del Estado). No olvidemos que la libre expresión difiere de la libre información en que aquella es básicamente el derecho a la autocensura y ésta a la censura. No ha de ser fácil mantener esta agenda, pero habrá que seguir avanzando con la reglamentación y con la diversificación. Casi todos los temas dependen de éste, especialmente la educación pública e, incluso, la seguridad ciudadana.¡Cuánto se aliviaría el trabajo de la Policía y del Poder Judicial si algún día derrotáramos la metodología de Fernando Vilar!